Festejos de la impunidad
La impunidad sonríe. Festeja jactanciosa. Se pavonea con el aval del último tribunal de la nación. El gobernador de Puebla, el gobernante que puso todo el poder público a servicio de la venganza, recibió la exoneración definitiva de la Suprema Corte de Justicia. Ahora el gobernador nos regala perlas de compromiso institucional, consejos de buenos modales y cantos de lealtad a la república. No imagino ninguna democracia que hubiera permitido la sobrevivencia política de un gobernante tras el escándalo de las conversaciones telefónicas que escuchamos. Más allá de su procacidad, las conversaciones daban cuenta de la más perversa utilización del poder político. No es cosa menor que el servicio se haya prestado para proteger a delincuentes vinculados con el abuso sexual de menores. La gravedad y crueldad del crimen sólo se equiparan a la monstruosidad de la protección. Pero el barullo desatado queda en revuelo mediático, en ridiculizaciones, en chistes y reproches de saliva o garabato. Allá, en el lejano universo de la política, el escándalo es apenas un leve fastidio, un rumor breve y pasajero. La complicidad resulta más poderosa que la legalidad. Invulnerable en su estado por una sólida coraza local, el gobernador recibió el incondicional socorro de su partido. No llegó por eso la sanción política fulminante que merecía el sátrapa.
En ausencia de una correa eficaz de sanciones políticas, la judicatura podría ser el último vehículo de reparación democrática. Así funcionó hace poco tiempo al desmontar la alianza de partidos que agasajaba a los medios con una ley a su medida. La Suprema Corte de Justicia funcionó entonces como contrapeso de una partidocracia sometida a otros poderes. Ahora su mayoría encumbra la impunidad con argumentos impropios de un auténtico tribunal constitucional. Ése es, quizá, el fondo del debate que se libró en el pleno del tribunal. Más allá del caso concreto que se debatió, la Suprema Corte de Justicia polemizaba sobre su papel en la construcción de un estado democrático. La postura conservadora que se impuso llevó a la Suprema Corte de Justicia a olvidar su sitio en el juego de la legalidad democrática. Los argumentos que se esgrimieron la semana pasada alrededor del caso del gobernador poblano desarrollan, en efecto, una controversia sobre la naturaleza de nuestro tribunal supremo. Mientras unos defienden una Corte que actúa simplemente como un peldaño más de la legalidad ordinaria; otros impulsan un auténtico órgano constitucional que ocupe su lugar como garante de los derechos fundamentales, las autonomías y los contrapoderes.
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