Otras portadas polémicas
Recogidas por Los Angeles Times
Recogidas por Los Angeles Times
La revista dominical del New York Times publica una entrevista bastante mala con Umberto Eco en la que se comenta la aparición de su nuevo libro sobre el populismo mediático. Esta compilación de ensayos breves aborda ese despotismo basado en el micrófono y la cámara, que nadie ha expresado tan bién como Berlusconi. Al cumplir 75 años, Eco ha dejado su clase de semiótica en la Universidad de Bologna para recoger sus lecturas infinitas y sus dispersas reflexiones en libros de carácter más bien antológico. A su historia de la belleza
suma ahora una (bonita) edición sobre la fealdad
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En una de las ponencias centrales en el debate sobre la ley de medios, el ministro Genaro Góngora Pimentel citó a Luigi Ferrajoli. Se refería al artículo "Libertad de información y propiedad privada. Una propuesta no utópica" que el jurista italiano publicó a raíz de la aprobación de una ley del parlamento italiano que fortalecía el predominio de Berlusconi en el mundo de las telocomunicaciones. Pedro Salazar lo tradujo y Miguel Carbonell, lo recogió en Problemas contemporáneos de la libertad de expresión (Porrúa, CNDH). Gracias a Pedro Salazar lo pesco aquí
Y aquí comparto subrayados:
La libertad de información incluye dos derechos distintos que no tienen nada que ver con la propiedad: por un lado, la libertad de manifestación del pensamiento y el derecho de información; por el otro, el derecho a la información (el derecho a recibir información veraz y lo menos manipulada posible). El primer derecho es un derecho individual de libertad que consiste en la inmunidad ante prohibiciones o censuras o discriminaciones; el segundo es un derecho social que consiste en la expectativa de recibir informaciones veraces, lo más completas posibles y que no se encuentren deformadas por condicionamientos que respondan a intereses concretos. Uno es un derecho de los que quieren expresar opiniones y difundir informaciones y es esencial para el carácter liberal de un sistema político; el otro es un derecho de todos los ciudadanos y constituye otro presupuesto fundamental de la democracia. La garantía de uno consiste en la prohibición de prohibir o, como sea, de limitar la información. La garantía del otro consiste en la obligación de informar correctamente y, a su vez, se encuentra garantizada por la pluralidad pero, sobre todo, por la independencia política y económica de quienes expresan opiniones y producen informaciones. Los dos derechos –libertad de información y derecho a la información- pueden ser suspendidos o suprimidos de dos formas: mediante la represión (es decir, prohibiendo la manifestación y la difusión de opiniones); o bien, apropiándose de los medios de información. El primero es el método de los regímenes abiertamente autoritarios. El segundo es el método que actualmente experimentamos y que consiste en la concentración económica y el control político de los medios de comunicación.
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El conflicto de intereses –que bien podríamos llamar confusión de intereses y de poderes, o mejor aún un indiscutible dominio de los intereses privados sobre los intereses públicos- esta convirtiéndose en una dimensión general y global de las democracias actuales, que puede llevar a la banalidad tanto al carácter liberal como a la forma representativa: al disminuir la información libre y, al mismo tiempo, debilitar la separación entre política y negocios, entre esfera pública e intereses privados, que es el presupuesto elemental de la representación política que representa a la generalidad de los ciudadanos y a los intereses generales. Cuando la titularidad de los intereses económicos y los poderes del gobierno coinciden en las manos de una misma persona se corre el riesgo de que todo el arreglo institucional del estado de derecho y de la democracia política sufra una regresión a formas neo-absolutistas y patrimoniales de tipo premoderno.
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Garantizar la separación entre la administración de la información y la propiedad; instituir autoridades de garantía orientadas a la tutela de la libertad de prensa y de información; impedir toda clase de concentración de la propiedad; excluir los controles patronales o políticos; lograr que todos puedan acceder a los medios; favorecer con financiamientos adecuados a las televisiones no comerciales creando, además, infraestructuras comunes; afirmar el carácter objetivamente “público” de la televisión y ampliar el espacio de la televisión pública son solamente algunas de las reformas posibles para enfrentar el peligro inminente del ‘gran hermano’.
La censura tiene buenos amigos en México. Si los silenciados defienden innobles causas, bien hace quien les tapa la boca. La clausura de un canal televisivo en Venezuela recibió en México importantes tributos de comprensión y aplauso. La Jornada tuvo a bien explicarnos que, de ninguna manera se trataba de un ataque a las libertades democráticas. No debíamos exagerar. Se trataba de una simple decisión administrativa que debía entenderse como una respuesta razonable a la conducta antidemocrática de la televisora. A juicio del diario, “el hecho, por sí mismo, no constituye un atentado contra la libertad de expresión ni representa la clausura o la censura de un canal.” Un alto representante del Partido de la Revolución Democrática consideró que la cancelación de las trasmisiones de la entidad privada y su conversión en agencia estatal eran medidas democráticas. La toma del canal era vista como un paso en la construcción de medios de comunicación populares y participativos.
Parece bastante claro que en Venezuela se encamina hacia nuevas forma de autoritarismo, un autoritarismo electivo que tiene buenas perspectivas de crecimiento en la región. El populismo autoritario bien puede instalarse en un territorio marcado por la desigualdad, el desprestigio de la clase política y la blandura del tejido de legalidad. Marina Ottaway ha escrito un libro sobre las nuevas formas autocráticas en el mundo (Democracy Challenged. The Rise of Semi-Authoritarianism). Llama semiautoritarios a esos sistemas de gobierno. Regímenes ambiguos que combinan la aceptación retórica de la democracia liberal, la existencia de ciertas instituciones democráticas, respeto a ciertas libertades y determinaciones esencialmente antiliberales o francamente autoritarias. No se trata de democracias imperfectas o inmaduras. En estas autocracias electivas la democracia queda vaciada de elemento, quedando apenas como cascarón de formalidades.
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