El blog de Jesús Silva-Herzog Márquez

Desacuerdos

Adolfo Sánchez Rebolledo publica hoy un interesante artículo en La jornada en el que rebate la idea del conservadurismo de nuestra izquierda.

Invocar el pensamiento conservador del pasado para combatir a los adversarios del presente es una de esas típicas salidas sin imaginación a las que son tan afectos algunos intelectuales críticos de la izquierda. En el afán de probar el falso progresismo de las izquierdas recurren al viejo recurso de eludir los contextos para quedarse en las similitudes formales de las analogías históricas: no les importa el ropaje con el que visten sus afirmaciones, sino el efecto entre sus lectores. Se acusa a la izquierda de reinventarse, para el caso de la reforma petrolera, una causa sustentada en el reconocimiento de un absoluto –la nación–, equiparable a la afirmación de la religión en el pensamiento conservador. Pero el intento es desmesurado, si de lo que se trata es de a) apuntalar con el beneficio de la duda la reforma enviada por el gobierno, y sobre todo por la pretensión de b) denunciar (en nombre de la izquierda ideal con la cual Calderón en sueños juguetea) el conservadurismo antidemocrático de los partidos que tomaron la tribuna del Congreso.

El artículo de Sánchez Rebolledo merece una lectura atenta, pero sigo pensando que el impulso crucial de nuestra izquierda partidista es más la resistencia que la reforma y que su mirada está más en orgullos de identidad histórica que en estrategias para enfrentar el futuro. No sé si mi argumento sobre el carácter conservador de la izquierda mexicana sea una "salida sin imaginación". Es la sugerencia de que el espejo en el que quiere verse no corresponde a sus nociones cruciales ni a sus estrategias. Creo, con Giddens, que frente al eje que separa la izquierda de la derecha hay que trazar también un eje que separe modernización de conservadurismo. ¿Nuestra izquierda es modernizadora? Vuelvo a citar lo que dice el sociólogo inglés:

Modernización significa elaborar políticas que nos permitan adaptarnos a un mundo distinto del anterior, en el que la globalización es el principal motor del cambio. Y ya no tiene por qué identificarse a la derecha política con el conservadurismo. Puede haber modernizadores de derechas; Sarkozy es un ejemplo perfecto. El futuro de la izquierda en Francia, dije, pero también en general, está en adoptar la modernización; en otras palabras, en elaborar políticas que nos ayuden a preservar y profundizar los valores de izquierdas en la era de la globalización. Tenemos que convencer a los conservadores de izquierdas de que avancen hacia la modernidad.

¿No es válido este planteamiento para nuestra izquierda también? Yo creo que sí.

Discrepo también de la filiación que hace Sánchez Rebolledo de las políticas de apertura. Dice él que la reacción antiestatista fue impulsada por "el gobierno, el empresariado, el Departamento de Estado y las trasnacionales." ¿Antiestatismo de derecha, estatismo de izquierda? El simplismo de la contraposición me parece propio de otro tiempo y le hace un flaco servicio a las izquierdas contemporáneas en el mundo y, en particular, en América Latina. Pasa por alto la crítica de muchas izquierdas a cierto intervencionismo estatal y su éxito para combinar apertura económica con una intensa política social.

Sánchez Rebolledo también pide seriedad en las palabras. Dice que "se secuestran personas y vehículos con violencia." No solamente. La amenaza de la violencia o cualquier intimidación puede servir para retener a alguien (o algo) indebidamente. Si la palabra se usa para aludir a personas raptadas, puede emplearse también para espacios: se secuestra una tribuna cuando se le retiene indebidamente para exigir que se actúe de acuerdo a la voluntad de quienes la ocupan. Tampoco cree válida la referencia al golpismo. Coincide en ese sentido con lo que escribía ayer Héctor Aguilar Camín. Es excesivo hablar de golpismo cuando el Congreso no ha desaparecido, dicen. Cierto. Hay que matizar la expresión. Los ocupantes de la tribuna no han suplantado al Congreso ni están dictando leyes de acuerdo a la voluntad del FAP. Pero lo que observamos como si fuera una nimiedad es una especie de golpismo rutinario, aparentemente inofensivo y ya confundido con los usos parlamentarios, que impide la deliberación y la decisión de los órganos constitucionales. Se trata del bloqueo ilegal del régimen constitucional. Insisto: ¿cómo nombraríamos un operativo del PAN y sus aliados que bloqueara la discusión y la decisión frente a la despenalización del aborto? ¿Libre manifestación de las ideas?

Elogios de un secuestro

Manuel Camacho le exige al país que le agradezca al lopezobradorismo la patriótica toma del Congreso. ¡Pudo haber sido peor! dice. Va más allá: la toma del congreso fue una muestra de civilidad ante las opciones posibles. Tiene razón: es una muestra de refinamiento cultural que el secuestrador nada más retenga a su presa--además le da de comer. Le pudo haber cortado los dedos lentamente. Muchas gracias al mochaorejas que solamente rebanaba cartílago de sus víctimas. John Ackerman se ofende con los calificativos que se han usado para describir la clausura del Congreso. Esto no es un secuestro, dice. Es una toma que demuestra que no hay normalidad democrática en el país. Lo mismo hacen las FARC, los cientos de secuestros son sólo teatralizaciones de la injusticia; en realidad solo toman personas para escenificar una ideología. Porfirio Muñoz Ledo, después de elogiarse, rechaza el culto a los procedimientos. Si no hay plena legalidad, sugiere, la tribuna del Congreso es la fachada de una farsa. ¡Hay que ir a la sustancia democrática! Y la sustancia somos nosotros. Carlos Imaz la ve como una pacífica defensa de la constitución. ¿Para qué gastar en la Suprema Corte de Justicia y en jueces?, ¿para qué perdemos el tiempo en procedimientos si ya tenemos a Layda Sansores? Y nuestra defensora de la Constitución celebra: ¡estuvo increíble!

Instrucciones para aniquilar la autonomía

Los órganos autónomos son órganos vitales de una democracia saludable. Son, en buena medida, la última pieza de la arquitectura constitucional moderna. Instancias que imprimen serenidad a un régimen naturalmente inquieto, propenso como cualquier otro al abuso. Su funcionamiento demanda un trazo inteligente, un método peculiar para reclutar a sus miembros, una definición precisa de facultades, un marco claro de competencias, un tiempo dilatado de responsabilidad, una muralla sólida frente a las interferencias amenazantes. En síntesis, para fincar la autonomía de de un órgano constitucional se requiere un marco institucional acorde a sus propósitos. Para sostenerla es necesario el respeto de los poderes públicos y el decoro de quienes la representan.
Para leer el artículo completo...

Festejos de la impunidad

La impunidad sonríe. Festeja jactanciosa. Se pavonea con el aval del último tribunal de la nación. El gobernador de Puebla, el gobernante que puso todo el poder público a servicio de la venganza, recibió la exoneración definitiva de la Suprema Corte de Justicia. Ahora el gobernador nos regala perlas de compromiso institucional, consejos de buenos modales y cantos de lealtad a la república. No imagino ninguna democracia que hubiera permitido la sobrevivencia política de un gobernante tras el escándalo de las conversaciones telefónicas que escuchamos. Más allá de su procacidad, las conversaciones daban cuenta de la más perversa utilización del poder político. No es cosa menor que el servicio se haya prestado para proteger a delincuentes vinculados con el abuso sexual de menores. La gravedad y crueldad del crimen sólo se equiparan a la monstruosidad de la protección. Pero el barullo desatado queda en revuelo mediático, en ridiculizaciones, en chistes y reproches de saliva o garabato. Allá, en el lejano universo de la política, el escándalo es apenas un leve fastidio, un rumor breve y pasajero. La complicidad resulta más poderosa que la legalidad. Invulnerable en su estado por una sólida coraza local, el gobernador recibió el incondicional socorro de su partido. No llegó por eso la sanción política fulminante que merecía el sátrapa.

En ausencia de una correa eficaz de sanciones políticas, la judicatura podría ser el último vehículo de reparación democrática. Así funcionó hace poco tiempo al desmontar la alianza de partidos que agasajaba a los medios con una ley a su medida. La Suprema Corte de Justicia funcionó entonces como contrapeso de una partidocracia sometida a otros poderes. Ahora su mayoría encumbra la impunidad con argumentos impropios de un auténtico tribunal constitucional. Ése es, quizá, el fondo del debate que se libró en el pleno del tribunal. Más allá del caso concreto que se debatió, la Suprema Corte de Justicia polemizaba sobre su papel en la construcción de un estado democrático. La postura conservadora que se impuso llevó a la Suprema Corte de Justicia a olvidar su sitio en el juego de la legalidad democrática. Los argumentos que se esgrimieron la semana pasada alrededor del caso del gobernador poblano desarrollan, en efecto, una controversia sobre la naturaleza de nuestro tribunal supremo. Mientras unos defienden una Corte que actúa simplemente como un peldaño más de la legalidad ordinaria; otros impulsan un auténtico órgano constitucional que ocupe su lugar como garante de los derechos fundamentales, las autonomías y los contrapoderes.
Para leer el artículo completo...

Entre el acierto y el error

Al acercarse el primer año de su presidencia, Felipe Calderón comentó que había gobernado con aciertos y errores. Naturalmente, no se extendió en la autocrítica para detallar la naturaleza de los tropiezos o para comparar el monto de los éxitos con el peso de las derrotas. No corresponde a él hacer esa contabilidad. Los exámenes se practican por esta hora en todas las esquinas de la prensa. Al cumplirse el primer año de gobierno se encuentran por todas partes recuentos críticos de avances y pendientes, logros y retrocesos.

La evaluación será inevitablemente polémica. Algunos serán incapaces de ver aciertos; otros callarán las fallas. Lo que a unos resultará encomiable a otros les parecerá nocivo. Pero, entre esas obvias diferencias, hay una coincidencia básica: se piensa que el error está en el polo opuesto del acierto. El tropiezo político sería, en ese sentido, lo contrario del acierto. Es que se piensa la política como si fuera una naranja cortada por la mitad. Un hemisferio es bueno, el otro malo y cada uno atrae como imán las acciones del poder. De acuerdo a esta imagen concebimos el juicio como evaluación del magnetismo predominante. Aquí lo bueno ha vencido a lo malo; allá se impuso lo malo. ¿Será ésta una buena manera de emprender la crítica de un gobierno en su despegue? Creo que no. No, porque los errores que el propio presidente reconoce no están en las antípodas de sus aciertos, sino que son su costo y su consecuencia. Los errores de Felipe Calderón se enredan con sus aciertos. Unos y otros son parte de la misma visión política. Será que el mal no es siempre la ausencia de bien sino, muchas veces, su carga; el error no es la falta de logro, sino su impuesto. Es por ello que la prudencia del político es, ante todo, un ejercicio de medida: búsqueda de proporción decisión que vence lo exiguo sin llegar a la demasía.
Para leer el artículo completo...

Roger Bartra sobre López Obrador

Milenio publica hoy una extensa entrevista con Roger Bartra sobre el primer año de la "presidencia legítima"

"López Obrador tenía dos opciones: la vía de la inteligencia y la vía del ridículo. Desgraciadamente abandonó la primera y optó por la última. Y esta vía ridícula lo llevó a un callejón sin salida. La vía inteligente era la construcción de una alternativa sensata de contraposición.”

Para leer hoy

Un perfil de Calderón, el católico. Un apunte sobre la disputa del poder y la afirmación de los órganos constitucionales frente a los poderes fácticos. Y dos posiciones sobre la cancelación de la bicentenaria: victoria ciudadana, ¿triunfo de la cuidad?

El sitio de los partidos

La reforma al estatuto electoral mexicano ha despertado un debate sobre el sitio de los partidos políticos. Para algunos, el paso que se ha dado termina por instaurar una partidocracia que no se distingue en esencia del presidencialismo previo. Antes el Ejecutivo mandaba de modo arbitrario, sin control ni contrapeso alguno. Ahora, dicen ellos, ha cambiado el origen del abuso. Ya no se excede la presidencia; los abusivos son los partidos. Se ha llegado a decir que el cambio ha sido un golpe de estado; que la complicidad entre los partidos ha cerrado la competencia, expulsando a los ciudadanos del reino de la política. En defensa de los partidos, de su relevancia en cualquier régimen democrático han salido defensas razonables. Ofrezco otra que incluye, también, una nota de preocupación.

El funcionamiento del pluralismo democrático requiere de un régimen institucionalizado de partidos. Los órganos de la diversidad son indispensables para darle sentido a la competencia, para canalizar exigencias y reclamos, para conformar palancas de decisión eficiente. Una de las defensas más claras que conozco de este arreglo bien canalizado por normas y procedimientos es el que ofrecen los politólogos Mainwaring y Scully en un interesante estudio de los sistemas partidistas en América Latina (Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America, Standford University Press, 1996). El rediseño de las reglas que la clase política ha emprendido recientemente tiene una enorme importancia entendiendo que los partidos no son emanaciones espontáneas de la sociedad, reflejos de valores o intereses naturales: son producto de los estímulos normativos que los premian o los castigan. Se sabe que el trazo de las reglas induce la competencia para que ésta sea multi o bipartidista. Lo que Mainwaring y Scully agregan a la tradicional reflexión sobre el número y la distancia ideológica de los competidores es un apunte sobre grado de su institucionalización. Para que un régimen democrático funcione no basta con un número adecuado de partidos o con una razonable disposición al acuerdo entre ellos; es relevante que la estructura de la competencia tenga bases de estabilidad.
Para leer el artículo completo...

El debate sobre la reforma

continúa...

Carlos Puig esribió el sábado un estupendo artículo que ha producido eco. Más allá de las quejas de los concesionarios, la nueva legislación puede aumentar su poder político por la puerta de atrás. Tal vez habría que pepararse para las consecuencias no deseadas del cambio:

Reducidos a disputarse, con intermediación del IFE, unos cuantos minutitos diarios, apretados en 90 días, los contendientes tendrán que apelar a los concesionarios de medios electrónicos y sus informadores. Unos segundos con López-Dóriga o Alatorre serán como agua en el desierto. Una entrevista con Ferriz o cobertura con Loret tendrán un valor diferente al que tuvieron en la campaña pasada.

Héctor Aguilar Camín y Federico Reyes Heroles han seguido esta pista escéptica. Sergio Sarmiento ejercita su imaginación adjetival: la mala reforma le parece: inaceptable, injusta, irresponsable, perversa, coruptora, negativa, discriminatoria, más injusta, censora, contaminante, absurda, aburrida, amordazadora, partidocrática. Mauricio Merino pondera el fundamento de las críticas a la nueva normativa electoral. Habrá razones atendibles pero, en el fondo, se trata de una defensa del statu quo. Y Leonel Cota escribe hoy también sobre la reforma--pero no sé qué diga.

Nuevo modelo

En una sesión extraña, el Senado aprobó una reforma electoral de enormes repercusiones para la vida pública mexicana. No me refiero solamente a la tensión que la envolvía, a la inusual coincidencia de los tres grandes partidos, ni a los elogios que cruzaban de una bancada a otra. Hablo del aire expiatorio se sentía en los discursos parlamentarios. La tribuna del Senado como confesionario nacional. Los senadores hablaban y legislaban para cambiar las reglas, pero también para limpiar culpas. Santiago Creel hablaba del efecto siniestro de las campañas que compraban espacios en radio y televisión y con ello rompían la equidad. El senador advertía con aire evangelizador que, ante este pecado, nadie podría arrojar la primera piedra. Carlos Navarrete seguía la misma línea: legislar desde el confesionario. Hemos vendido el alma al diablo con tal de conseguir dinero para aparecer en la televisión. La reforma electoral era para esos partidos, la fórmula compartida para expiar sus culpas. No es, por supuesto, un avemaría sin consecuencias. Se trata de la modificación más importante a las reglas de competencia en los últimos lustros. Entre los homenajes que la clase política se ha tributado y la estridencia de los críticos, no hemos podido aquilatar las implicaciones del cambio. Los extremos, en su retórica de juicios tajantes, nos llaman a renegar del claroscuro. Argumentan que lo importante (sea deplorable o meritorio) debe servir para dejar de lado lo trivial. Los entusiastas dicen que es una reforma histórica que hay que aplaudir enfáticamente. Se ha recuperado la República. Recuperamos la política del imperio de los negocios. Los mercaderes expulsados del templo de las deliberaciones. Nuestra democracia será, a partir de ahora, el ágora de los debates, una plaza abierta para la confrontación de proyectos-de-nación y no el circo oligárquico de los espots y los insultos. Desde la trinchera contraria se nos pinta el panorama opuesto y se nos convoca a reparar el agravio. La reforma tiene trazo de censura totalitaria; un golpe de estado electoral; los tres partidos han seguido la lección chavista. La partidocracia ha enterrado nuestro joven pluralismo. El Congreso pintado como un tirano de cien cabezas que aplasta a una sociedad desvalida y a sus inermes medios. Descreo de esa pareja de vehementes. Ni restauración republicana ni arbitrariedad partidocrática. Otra cosa: un nuevo modelo de financiamiento y de vinculación entre candidatos y medios.
Para leer el artículo completo

Nuevas reacciones a la reforma electoral

Luis F. Aguilar encuentra en la jornada reciente la estampa del nuevo régimen: "Los senadores y diputados han sido los ganadores de la transición y, dicho más terrenalmente, los partidos políticos. La democracia sepultó el presidencialismo y engendró la partidocracia que es la dueña de las Cámaras que son las dueñas de la política nacional." Adolfo Sánchez Rebolledo rechaza esa denuncia de un imperio partidocrático y sostiene que la reforma representa la recuperación de los poderes constitucionales del Congreso. Para César Cancino la reforma es síntoma de una desesperante enfermedad: gradualismo. Ciro Murayama encara las falacias de los detractores de la reforma. En El país Jorge G. Castañeda se lanza a decir que esto es un "golpe de estado electoral." Raúl Trejo pondera los claroscuros de una reforma "contradictoria," subrayando el cambio en la actitud de la clase política: el fin del miedo a los medios. Y el editorial del New York Times sostiene que es una burla a la institucionalidad democrática el remover a un árbitro autónomo.

En la plaza de los comunicadores el debate es intenso. Ciro Gómez Leyva rechaza el pleito de las representatividades que se insinuó recientemente. Medios populares, políticos repudiados. Joaquín López Dóriga ve la reforma como un blindaje para los partidos. Sergio Sarmiento anticipa la degradación del debate político a partir de la reforma. Carmen Aristegui respalda el cambio como una  vacuna que entiende las lecciones del 2006. Y un Calderón cree que otro ha ganado cacahuates, mientras el dinosaurio carga, como trofeo, una cabeza:

El dictamen y la reforma aprobada

están aquí.

Las propuestas de modificación al dictamen pueden verse en Lupa ciudadana. (Gracias a Fernando García Ramirez.)

Sobre la reforma

Se cocina una reforma de enorme trascendencia. El significado y las implicaciones de lo que está en el horno del Congreso no es del todo claro. Mauricio Merino dibuja la ambición de la reforma: "Está en juego el régimen de partidos y el sistema electoral que le da vida; están en juego las relaciones entre el dinero público y los medios privados; y de paso, se están negociando también la reforma fiscal y las normas que regulan las concesiones de radio y televisión del país." Se fortifica un arreglo tripartidista y se garantiza su permanencia. José Woldenberg registra aciertos, desaciertos y dudas. Jorge Alcocer, uno de los arquitectos del cambio, lo defiende como una "reforma de tercera generación." Leo Zuckermann lo ve distinto: un pacto mafioso. Tres partidos acuerdan no atacarse para repartirse la plaza. Lorenzo Córdova elogia el paso como un "rescate de la política:" los partidos se liberarán del secuestro de los medios. Ricardo Becerra lo describe como "emancipación de los poderes fácticos."

Fertilidad de la violencia

Se escucha de nuevo el argumento: la violencia es denuncia elocuente, un recurso doloroso pero necesario para que la historia venza sus obstáculos. Héctor Aguilar Camín aborda hoy el tema. El elogio de la violencia no es otra cosa que el triunfo de la historia oficial. Si un éxito puede reclamar nuestro sistema educativo es ése: ha logrado incrustar la celebración de la violencia entre las sienes de la nación:

Hay que ser siervo absoluto de la historia oficial para sostener que la violencia le hizo bien al país en cada una de sus gestas históricas, porque lo liberó de sucesivos ductos taponados que sólo podían destaparse a tiros. Cuando la historia de México se libre del yugo de su propia versión heroica para consumo oficial y escolar, acaso podrá verse con claridad, entre los altos gestos huecos y las magníficas batallas inútiles, el enorme daño que la violencia le hizo al México independiente, al México de la reforma y al México de la revolución.

La historia no acierta ni se equivoca, es. Es lo que fue. La nuestra ha sido más desdichada que exitosa entre otras cosas porque la violencia la sacudió hasta sus raíces en distintas épocas. Esto al menos podríamos haber aprendido para el futuro: la violencia es una mala partera de la historia, y lo ha sido malísima de la nuestra.

Estampa de un estado fallido

El éxito de la mentira puede ser la mejor evidencia del fracaso de un orden político. Escribe María Amparo Casar hoy:

Podemos seguir engañándonos con que lo de Zhenli Ye Gon es nada más un cuento chino pero es mucho más que eso. Es perfectamente plausible que los dichos del chino estén cargados de grandes dosis de mentira y fantasía. Que estas mentiras estén dirigidas a sacudir a la opinión pública y descolocar a las autoridades. Que sean parte de la estrategia de su defensa para negociar en mejores condiciones las penas que debería purgar por haber cometido una decena de delitos en suelo mexicano. Pero, para desgracia nuestra, el cuento chino -haciendo a un lado todos sus dislates- tiene más de realidad que de ficción, más de historia que de fantasía.

No puede dejar de calificarse como mera fantasía el que a la mitad de las campañas del 2006 el PAN haya llevado a casa del chino 205 millones de dólares en efectivo, armas de gran calibre, equipos de comunicación e incluso misiles para que en caso de que su candidato presidencial fuera derrotado pudiera financiar actividades terroristas, destruir el orden económico y desestabilizar al país. Igualmente resulta inverosímil que Javier Lozano se haya apersonado con Ye Gon para amenazarlo, chantajearlo y obligarlo a guardar el dinero y las armas.

Pero el cuento, la fantasía y la ficción terminan ahí. Lo que no es cuento son las actividades ilícitas del empresario y el decomiso de dólares. Lo que no es ficción es la ineptitud y corrupción de nuestras instituciones. Lo que no es imaginación es que la oposición en lugar de combatir a un delincuente utilice sus declaraciones para desprestigiar al gobierno. Lo que no es simulacro es la falta de cooperación -por llamarla de alguna manera- de las autoridades de Estados Unidos.

Hace un año

Hace un año exactamente, el 3 de julio del 2006, Manuel Camacho publicaba un artículo grandilocuentemente titulado "Triunfo ciudadano." Vale la pena leerlo a la distancia. Camacho no encontraba entonces ningún elemento para sospechar del proceso electoral. Creía que su candidato ganaría. Pocas horas después se sumaría a los conspiratistas del inmenso fraude que nadie probó. Pero en la edición de El Universal de la mañana del 3 de julio, festejando el triunfo de su candidato, daba lecciones de generosidad. Eran tiempos para la negociación y la concordia.

El mandato del pueblo de México en esta elección, por varias razones histórica, es a favor del diálogo nacional y la negociación. Es en contra del autoritarismo y la exclusión. Las mujeres y hombres que estamos en la política, y los líderes de la sociedad y la opinión, debemos estar a la altura y actuar en consecuencia.

Buen recordatorio. Ni Manuel Camacho, ni su candidato, ni su partido estuvieron a la altura de las circunstancias. Siguen refugiados en su exilio de irrealidad. Gobierno legítimo, le llaman.

Lo que viene siendo inaceptable

Hace unos días un grupo importante de presidentes municipales del estado de Puebla dirigió un mensaje a la opinión pública. Daban fe de la honorabilidad del gobernador poblano, reconocían el trabajo que “viene haciendo” y el desarrollo armónico que el estado “viene consiguiendo” bajo su liderazgo. Según declaraban los alcaldes, el estado necesitaba seguir trabajando con su gobernador “como lo viene haciendo” a favor de las clases más necesitadas. Cientoveintitantas firmas exigían que le gente de fuera se mantuviera distante a lo que sucedía en Puebla. La entidad necesitaba seguir viviendo en paz como hasta ahora “viene sucediendo.” El documento publicado en distintos diarios no es solamente un admirable catálogo de perífrasis con gerundio, es también el retorno del instinto localista que se resiste a la mirada crítica de los intereses extraños. Queremos seguir trabajando a lado de nuestro amigo el licenciado gobernador. Déjennos en paz.

Esplendores del reflejo localista. Reflejos antiguos que cuentan con el respaldo de la cultura matriótica. La ‘matria’, el terruño amenazado por las invasiones del Centro. Como se entiende, la historia es vieja pero cuenta con intensos capítulos recientes. Gobernadores en rebelión contra el Presidente; elecciones locales anuladas por instancias judiciales federales; estados que coquetean con símbolos de la autonomía y secesión; tribunales que exhiben las trapacerías ocultas de las instancias regionales. Además del impulso identitario que rechaza cualquier intervención del centro como si fuera un acto imperial, la resistencia local a la intervención ha contado con reglas favorables. El federalismo adoptado por México le ha confeccionado una trinchera casi impenetrable a la arbitrariedad local. La constitución describe incorrectamente a los estados como entidades “libres y soberanas” y le cierra la puerta a la necesaria intervención federal. La conformación de subregímenes autoritarios en el país encuentra una estructura constitucional más que condescendiente. En ausencia de contrapoderes locales institucionalizados, las fuerzas estatales tienen prácticamente salvoconducto de impunidad.
Para leer el artículo completo...

Lecciones de la Corte

El máximo tribunal ha impartido una lección a la clase política. Tomó una decisión clave para la vida pública del país que no solamente ha corregido la plana al Congreso y a la Presidencia, sino que emite una señal bastante clara hacia el futuro. La Suprema Corte de Justicia ha pronunciado una resolución histórica que la confirman como institución clave. La impugnada democracia mexicana recibe un aliento desde su núcleo de neutralidad. Algunos cuestionan las credenciales democráticas de un tribunal como el nuestro. Quienes lo integran no reciben votos de la gente, no pueden ser removidos de sus encargos y ocupan por largos años una alta responsabilidad. De ahí proviene la paradoja democrática: una institución que no se asume representativa, un órgano apartado estructuralmente de los mandatos electorales, una pequeña asamblea aislada de los apremios de la popularidad resulta el departamento mejor dotado para encarar las coacciones del corto plazo y las conspiraciones de los poderosos. Mientras los órganos tradicionalmente descritos como ‘políticos’ fueron incapaces de cuidar el interés público al legislar sobre el cuarto poder, sometiéndose en buena medida a sus dictados, el débil órgano de la imparcialidad, se constituyó en el fortín del Estado democrático.
Para leer el artículo completo...

De medios y lealtades

La censura tiene buenos amigos en México. Si los silenciados defienden innobles causas, bien hace quien les tapa la boca. La clausura de un canal televisivo en Venezuela recibió en México importantes tributos de comprensión y aplauso. La Jornada tuvo a bien explicarnos que, de ninguna manera se trataba de un ataque a las libertades democráticas. No debíamos exagerar. Se trataba de una simple decisión administrativa que debía entenderse como una respuesta razonable a la conducta antidemocrática de la televisora. A juicio del diario, “el hecho, por sí mismo, no constituye un atentado contra la libertad de expresión ni representa la clausura o la censura de un canal.” Un alto representante del Partido de la Revolución Democrática consideró que la cancelación de las trasmisiones de la entidad privada y su conversión en agencia estatal eran medidas democráticas. La toma del canal era vista como un paso en la construcción de medios de comunicación populares y participativos.

Parece bastante claro que en Venezuela se encamina hacia nuevas forma de autoritarismo, un autoritarismo electivo que tiene buenas perspectivas de crecimiento en la región. El populismo autoritario bien puede instalarse en un territorio marcado por la desigualdad, el desprestigio de la clase política y la blandura del tejido de legalidad. Marina Ottaway ha escrito un libro sobre las nuevas formas autocráticas en el mundo (Democracy Challenged. The Rise of Semi-Authoritarianism). Llama semiautoritarios a esos sistemas de gobierno. Regímenes ambiguos que combinan la aceptación retórica de la democracia liberal, la existencia de ciertas instituciones democráticas, respeto a ciertas libertades y determinaciones esencialmente antiliberales o francamente autoritarias. No se trata de democracias imperfectas o inmaduras. En estas autocracias electivas la democracia queda vaciada de elemento, quedando apenas como cascarón de formalidades.
Para leer el artículo completo...

Enseñanzas yucatecas

Tras la elección federal, los panistas yucatecos estaban convencidos de que la sucesión en el estado sería asunto entre ellos. Le habían dado una votación extraordinariamente alta al candidato presidencial al que impulsaron en la elección interna. Habían barrido al PRI en la contienda federal. Se pavoneaban seguros de que la gubernatura estaba en la bolsa. La única duda que quedaba por despejar era saber quién sería el abanderado panista. El guión de sus anticipos recordaba una historia reciente: el candidato del partido gobernante habría de recorrer triunfalmente el estado y agradecer las muestras de apoyo. Las oposiciones harían su luchita pero no tendrían nada que hacer frente a un partido imbatible. La campaña como un tedioso preludio del gobierno. Creyeron que el estado era suyo, que independientemente de la gestión de gobierno, del candidato o la campaña, tenían asegurada la victoria. Así les fue.

Decía Quevedo que reinar era velar. Quien duerme de sus triunfos pasados prepara su fracaso. Eso fue lo que sucedió a Acción Nacional. Hace seis años logró un triunfo histórico. Derrotó al cacique legendario y ganó la gubernatura. Las esperanzas que generó la alternancia tardaron poco en convertirse en decepción. Como le ha sucedido en otras plazas donde ha ganado, el PAN no fue capaz de ratificar su victoria inicial tras seis años de gobierno. En Yucatán, Acción Nacional se prepara para regresar a su nido confortante: la oposición.

Para leer el artículo completo...

La corte y el proceso democrático

¿Cómo es posible que unos cuantos señores se atrevan a rechazar una ley aprobada democráticamente por un órgano fielmente representativo? ¿No resulta una grotesca afrenta al gobierno de las mayorías el que unos abogados de toga corrijan las decisiones provenientes de una asamblea constituida por el voto? En esa desconfianza al guardián de las leyes se refleja nuestra inmadurez democrática. Un sistema democrático no puede ser una aplanadora cuyo conductor es la mayoría. Las democracias contemporáneas—esto es, las liberales—conforman dispositivos de moderación, tales como el control judicial de las leyes, para evitar la formación de una tal aplanadora que aniquile la diversidad, suprima el debate o maltrate a las minorías. No hay democracia contemporánea que no confíe en depositarios de la imparcialidad esa evaluación constitucional de las decisiones mayoritarias. Bienvenida, pues, la actuación de la Corte.

Entiendo la intervención de nuestro tribunal constitucional como una necesaria inserción de la imparcialidad. Ante la conocida vulnerabilidad de las instancias propiamente políticas, la institución judicial puede ser la última salvaguardia del interés general. Su lejanía del voto, su desprendimiento de las lealtades partidistas, el largo periodo de la responsabilidad judicial están diseñados para desprender su discurso de la cadena de parcialidades, patrocinios e intimidaciones que suelen impregnar la vida de partido. El poder judicial debe garantizar que la apertura impere en el proceso político.

Para leer el artículo completo...
Sobre este tema: Democracia y desconfianza, de John Hart Ely

México y el ratón de Kafka

La estructura de un noticiero da cuenta de lo que consideramos ordinario y aquello que constituye novedad. Las sorpresas y extrañezas ocupan un lugar central en los informativos pero se rodean siempre de referencias de familiaridad. Son sorpresas la victoria electoral de un candidato; el terremoto que destruyó alguna ciudad; la aprobación de una ley. Cada una de estas notas encuentra envoltura en el recordatorio de ciertas rutinas. Como obra de alguna necesidad, el periodismo suele compensar la novedad con la repetición, alternando así lo asombroso con lo previsible. La información de la sorpresa ha de comunicarse con entonación de asombro. Indignación por lo injusto, celebración de lo correcto, gusto por lo divertido: todo es enmarcado con signos de admiración. El listado de lo ordinario, por el contrario, se repasa con el tedio de la repetición. No hay signos exclamativos, sino reiteración de comas. Imperio de la muletilla y la frase gastada. Es el caso de los segmentos del clima. La temperatura máxima será de 20 grados la mínima de 15. Lluvias moderadas aquí, tormentas por allá. En ese segmento de los informativos se han instalado los avisos más macabros de la vida mexicana. Hoy llovió en Villahermosa. Por la tarde ejecutaron a cuatro policías. Día soleado en Guadalajara con humedad relativa de 45 por ciento. Dos decapitados con mensaje intimidatorio en Veracruz, tres ejecuciones en Tijuana; un par de balaceras en Guerrero y descubrimiento de seis cadáveres en carreteras federales. Pronóstico para mañana: tormentas dispersas; temperatura máxima de 23 grados, 15 o 16 ejecuciones probables en el noreste con dos emboscadas dispersas por la tarde. La sangre y el crimen se han convertido en insumo de reportes rutinarios. Nos habituamos a las noticias más siniestras, desplazándolas muy pronto del foco de nuestra atención.

Estamos en guerra, ha dicho el Presidente. La palabra que tanto tiempo se rechazó es hoy incorporada (con ciertas reticencias) al vocabulario gubernamental. Ya no hablamos de una simple campaña de aplicación de la ley. No se trata ya, como sostenía la avestruz foxista, de pleitos locales, de violencia entre criminales. Esto es una guerra. Se trata, como la describe Leo Zuckermann, de una guerra no convencional en contra del crimen organizado. No es claro para mí si la campaña emprendida por el gobierno federal va en dirección correcta. No sé si el recrudecimiento de la violencia es síntoma de que la estrategia ha lastimado a la delincuencia y avanza de acuerdo con el plan. No sé si existe ese plan, ni si existe una ruta realista para combatir al narcotráfico. Apenas advierto que, además de una estrategia inteligente del gobierno para librar esta batalla es indispensable prepararse para lo que viene. La administración calderonista debe contar con objetivos claros y responsabilidades precisas; debe tener un mapa de navegación para diagnosticar la gravedad del problema y evaluar el impacto de sus acciones. Pero más allá de ese plan para gobernar la ofensiva estatal, la sociedad mexicana debe prepararse para una contienda que se anuncia corrosiva y larga.

El día de ayer, el novelista israelí David Grossman publicó en la revista del New York Times una reflexión sobre las dificultades de escribir bajo el fuego de una guerra. Aludía a un cuento breve de Kafka recogido en sus Parábolas y paradojas. Se trata de "Una pequeña fábula", donde un ratón se encuentra cercado entre una trampa y un gato. El ratón exclama: "¡Qué barbaridad! El mundo se vuelve cada día más chico". El ratón tiene razón, apunta Grossman. El mundo se estrecha, se empequeñece cada día en que la violencia y la sinrazón imponen su mando. El mundo exterior contrae la plataforma de vida y las reglas de una sociedad apresada por el miedo. La gente queda envuelta por la apatía, el cinismo y, sobre todo, la desesperación. Ese sentido de derrota conforma una convicción gelatinosa de que las cosas simplemente no pueden cambiar. Como sugiere la parábola kafkiana, la superficie de la convivencia se estrecha tras el contacto cotidiano -así sea por las imágenes de la prensa- con un mundo sangriento y amenazante. Es inmenso el precio que pagamos cotidianamente por el encogimiento de nuestro territorio. La capacidad y la voluntad de identificarse, aunque sea limitadamente, con el dolor de otros se reduce. Los informes de la muerte se colocan confortablemente entre el horóscopo y los anuncios de detergente, lo que facilita la suspensión del juicio moral. Se esquivan de este modo las evaluaciones éticas de lo que acontece a nuestro lado. Con facilidad descartamos el fenómeno como asunto ajeno y distante. Es que, como apunta Grossman, la desesperación que sentimos bajo la oscuridad de la guerra es tan compleja moral y prácticamente que nos llegamos a convencer de que estaremos mejor si no pensamos en esas cosas. Así optamos casi conscientemente por no saber, votamos por no enterarnos de lo que sucede y dejamos la tarea de pensar y de fijar las normas morales en manos de quienes pueden "saber más" que nosotros.

Sobre todo, sigue el autor de La muerte como forma de vida, nos convencemos de que es mejor no sentir demasiado. Nos protegemos a través de una indiferencia voluntaria. La sensación de peligro destruye nuestra vitalidad, desactiva nuestro radar cognitivo y nuestro sensor moral. Quedamos envueltos en capas de protección y evasión que terminan sofocándonos. Nos volvemos de este modo cómplices de quienes se ostentan como nuestros protectores.

Reconocer el dramatismo de nuestra condición no puede significar una abdicación al juicio autónomo y crítico. Por el contrario, es indispensable aguzar el examen independiente de lo que se hace en nuestro nombre. Puede perdírsenos paciencia, nunca aprobación de lo que sea.

Una guerra no convencional

Estamos en guerra, ha dicho el presidente. La palabra ha entrado en el vocabulario oficial. No se trata ya de una campaña policiaca, de una rutinaria labor de aplicación de la ley. Esto es una guerra. Se trata de una "guerra no convencional," apunta Leo Zuckermann. Recuperando las lecciones del Informe Winograd que investigó el proceder del ejército israelí al atacar las instalaciones militares de Hezbolá en Libano, en julio del 2006. Leo pregunta:

¿Estaba listo el Ejército para enfrentar una guerra donde el enemigo utiliza tácticas no convencionales en un conflicto asimétrico de baja intensidad? ¿Existía un plan completo y detallado que fue presentado y autorizado por el presidente Calderón? ¿Cuáles son las metas específicas? ¿Están los objetivos fijados con claridad? ¿Quién está evaluando dicho programa? ¿Cómo se va a saber cuándo se ganó (o perdió) esta guerra? Y si se pierde, ¿quién será el responsable?

Otro sobre la segunda vuelta

Lorenzo Córdova coincide: la segunda vuelta no es buena idea. La participación en la segunda ronda suele ser menor; los costos de la elección se duplican y no se mejora en lo más mínimo el basamento de la gobernación.

Segunda vuelta

Quienes crean que el conflicto del 2006 pudo haberse evitado si tuviéramos una segunda vuelta deben leer hoy a María Amparo Casar. Tiene razón: la segunda vuelta no aclara el mandato de gobierno, no limpia manchas de ilegitimidad ni ensancha los poderes presidenciales. Tiene razón, sobre todo, en su conclusión: ninguna reforma por sí misma garantiza eficacia.

Fracturas y coincidencias

Toda política democrática requiere, simultáneamente, ejes de separación y puentes de encuentro. No puede existir un ecosistema pluralista sin fracturas que separen las identidades, como tampoco puede funcionar sin plataformas para el descubrimiento de alguna coincidencia. Tan importante lo uno como lo otro. Sin antagonismos ni diferencias, la democracia se extinguiría. Sin ámbitos de conciliación, la democracia se ahogaría. El mapa de diferencias y convenios retrata la salud de un régimen pluralista. Las aproximaciones y distanciamientos se reinventan cotidianamente. Es que no existen cisuras naturales que la política reproduzca automáticamente. No son las razas, ni las tribus, ni las clases ni las regiones lo que determina la imantación de las identidades. Es la imaginación política, la confección de símbolos de agrupación, la definición de prioridades y la elección de aliados, lo que conforma el perfil de las fracturas y las coincidencias.

En los últimos años hemos presenciado la conformación de distintos ejes de antagonismo y algunas plazas de coincidencia. Ninguno de ellos tiene sentido hoy. La terminación del régimen autoritario abrió un amplio espacio de acuerdos que fueron avanzando con lentitud pero consistentemente. Una lectura superficial describiría ese campo de acercamientos como el pacto virtual entre los distintos grupos que eran contrarios al régimen. Derecha e izquierda imponiéndose al autoritarismo. En realidad, el asiento de las coincidencias incluyó a los reformistas de dentro y fuera del régimen. Liderazgos que entendieron la necesidad de llegar a un acuerdo para institucionalizar la pluralidad. En distintos foros de negociación, mesas de diálogo, en las asambleas legislativas, izquierdas, centros, derechas coincidieron para remodelar el conjunto de reglas de competencia y representación. Tras las sucesivas reformas, heredaron al país un marco electoral confiable que aloja razonablemente la pluralidad nacional.

Hubo también coincidencias hace unos años cuando el gobierno priista en tiempos de Carlos Salinas logró el acompañamiento del PAN para el impulso de una serie de reformas económicas trascendentes. El desastre del 95 y los abusos de aquel gobierno pusieron fin a la posibilidad de que en esa plaza de la reforma económica hubiera acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Las reformas iniciadas por los priistas fueron bloqueadas por los panistas; las mismas propuestas promovidas meses después por los panistas fueron rechazadas por los priistas.

En meses recientes se ha abierto un nuevo frente de antagonismos. México discute y legisla hoy asuntos que dividen intensamente a la sociedad. El Distrito Federal hospeda y anticipa un debate nacional. Al legislar sobre las sociedades de convivencia y el aborto, el país discute el significado de la familia, los derechos de las mujeres, la relación entre la ley y la fe, el papel de la Iglesia en la vida política, el sentido contemporáneo de la laicidad, el fundamento de los derechos humanos. Algunos celebran la discusión y las reformas; otros lamentan que el país se distraiga con esos asuntos y se preocupan por los efectos de la polarización. El presidente Calderón ha dicho, por ejemplo, que debemos concentrarnos en lo que nos une sin abrumarnos por lo que nos divide.

¿Debemos realmente preocuparnos por la exhibición de esta fractura ideológica en el país? Freud habló del “narcisismo de las pequeñas diferencias.” A su juicio, la exageración de las pequeñas diferencias podría dar origen a terribles hostilidades. Recientemente, Michael Ignatieff, el crítico y biógrafo canadiense que se ha convertido en político, aplicó la noción freudiana para explicar el fracaso de la política y la victoria de la guerra. Acentuar las diferencias puede ser una estrategia para reforzar la idea de una identidad amenazada y preparar el combate. El nacionalismo de años recientes se ha servido de esa ideologización de las pequeñas diferencias para atizar la guerra.

A pesar de ciertas estridencias, el camino de México no es bélico. Puede ser el atolladero, pero no la guerra. Por ello, más que hablar del hostil narcisismo de las diferencias, creo que podemos hablar de los involuntarios beneficios del desacuerdo. La fundación de una nueva arena de conflicto puede permitir la reconformación de las identidades partidistas. Al tiempo que se señala una nueva agenda de controversias, será posible reconsiderar los viejos motivos del antagonismo. Quiero decir con esto que todos los partidos, todos los grupos políticos, todos los líderes requieren, como certificado de personalidad, un pleito digno de ser peleado. Necesitan dar cuerpo a un nosotros en lucha contra un adversario. ¿Podría este nuevo frente del desacuerdo facilitar la clausura del viejo ámbito de disputas?

La nueva agenda apenas se abre. La legislación aprobada por la legislatura capitalina es el inicio de una polémica que tarde o temprano enfrentará a la clase política mexicana. Tendrá episodios de movilización social, de debate parlamentario, vendrán resoluciones judiciales. El tema servirá para perfilar una nueva silueta de identidades. ¿No es promisorio que el perfil del conflicto político mexicano se afine por estos complejos asuntos morales y que superemos los arcaísmos de nuestras rancias identidades políticas? El nuevo debate augura oxigenación.

Panismo y cultura

Soledad Loaeza comenta la ironía de que Vicente Fox se dedique ahora a dirigir un "centro de estudio." La virgen de Guadalupe se sentiría más cómoda en minifalda que don Vicente con una idea.

"La indiferencia y la desconfianza que los panistas han expresado hacia la participación del Estado en el ámbito de la ciencia y de la cultura podría tener ese efecto, es decir, con sus decisiones -concretamente, por ejemplo, los presupuestos recortados-, los gobiernos panistas están difundiendo en el ánimo de la opinión pública la noción de que la ciencia y la cultura son irrelevantes, o por lo menos, que no son un asunto público. A aquellos panistas que se rebelan contra "las geometrías políticas" habría que aclararles que la reducción de los presupuestos públicos para esas actividades es una política típica de la derecha. No hay más que mirar las acciones de los gobiernos de Thatcher en estas materias para reconocer el antintelectualismo característico de esta familia ideológica."

Loaeza apunta razones ideológicas de peso para explicar esta distancia panista de las letras y las ciencias que curiosamente contrasta con aquel "partido de intelectuales" que veía la prensa en la criatura de Gómez Morín. Los panistas vieron la red de educación pública como un dispositivo de control ideológico, confiando en arenas de "la sociedad civil" que fueran propiamente independientes del tentáculo estatal. Escuelas, museos, laboratorios y libros a la cola de las prioridades.   

Reformas

Imagine usted una reunión que convocara a todos los jerarcas de política nacional: altos representantes del gobierno, dirigentes de todos los partidos y, por supuesto, periodistas y opinadores. Imagine a los más encumbrados señores de empresa entre los asistentes. Dueños y gerentes de los más poderosos conglomerados empresariales del país. Imagine usted un lugar apropiado para tan extraordinario evento. Un imponente salón con vieja historia para el desfile de potentados. Imaginemos que ocasión tan resplandeciente tendría como origen: celebrar la instalación de una Comisión Nacional para la Reforma de la Economía. La repostería oratoria estaría a la altura del evento. Cada uno de los desfilantes se llenaría la boca con cremosas palabras. Reconciliación, futuro, prosperidad nacional, justicia, tiempos históricos. Sobre todo esto último: los declamadores insistirían en la naturaleza “histórica” de su fiesta. Adelantarían con convicción que, si la Comisión lograba el éxito, los niños mexicanos del futuro tendrían que memorizar la fecha de ese encuentro tan pulido para identificar el momento en que el país logró dar el brinco definitivo de su progreso.

La floritura de los oradores insistiría en la ambición de la Comisión Nacional para la Reforma de la Economía. No podrían “escatimarse esfuerzos.” La patria esperaba el feliz desenlace de estos trabajos. Se trataba, ni más ni menos, de darle al país una economía para el siglo XXI. Por ello había que revisarlo todo y redefinirlo todo—eso sí, en el plazo estricto de 12 meses. Las mesas de análisis y propuestas que se organizaron para el efecto describían la vaguedad de la ambición. Se estudiaría, se analizaría y se decidiría todo. ¿Debíamos cuidar la estructura del mercado y estimular la competencia o pasar decididamente a una economía centralmente planificada? ¿Debíamos levantar murallas al comercio internacional o sería conveniente seguir la ruta de la apertura? ¿Habría que nacionalizar nuevamente la banca? ¿Terminar con la autonomía del banco central? ¿Instaurar un control generalizado de precios? La Comisión partiría de la convicción de que había que cambiar, que había que cambiar mucho pero no tendría claridad alguna de por qué era necesario el cambio, ni qué dirección debía tener. Eso sí: había que organizar mesas para escuchar ponencias.

Un espectáculo idénticamente absurdo se ha presentado hace unos días al instalarse fastuosamente una junta llamada Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión(sic). El propósito de tan ejecutiva comisión es revisar el tejido institucional de la democracia mexicana. Ni más ni menos. Es cierto que no existe un diagnóstico preciso de los defectos de nuestro régimen político, ni hay tampoco un plan de vuelo, lo único que queda claro es el afán de intervenir la estructura de nuestras instituciones. Todo merece examen: el trazo constitucional de los poderes, el funcionamiento de la legislatura y las facultades del presidente; la administración de justicia, el sistema de legalidad; el reparto regional de los poderes; el papel de los medios y los mecanismos electorales.

Quizá necesito decir lo obvio: es natural someter a examen riguroso cada una de las pieza de la compleja maquinaria pluralista. Es saludable criticar cotidiana y severamente el desempeño de la política. Lo que resulta extraño hasta extremos de lo grotesco es que las instancias más altas del poder nacional entiendan que es su función convocar a la revisión de las instituciones sin una carta de navegación razonablemente trazada. Lo que llama la atención es precisamente esa mezcla de ambición histórica y vaguedad de propósito. Se quiere cambiar pero no se sabe qué. Se quiere reformar pero no se sabe para qué. Ya conocemos el desenlace de ese matrimonio de demagogia y miopía. Cuando los políticos se dedican a soplar al aire pompas de jabón, cuando se entregan a la fantasía de la reinvención nacional se ponen en ridículo y exponen al régimen democrático al desprestigio.

Pero, mientras estos personajes se dedican a pronunciar discursos históricos, hay reformas importantes que prosperan. De manera silenciosa, las cosas cambian. Pienso en dos transformaciones discretas pero profundas. El Senado acaba de aprobar una reforma constitucional para garantizar—ahora sí—el  derecho a la información pública en todo el país. Toda la información que posea una autoridad pública será pública. Ningún gobierno, ninguna instancia, sea municipal, local o federal, podrá ocultar lo que  pertenece a todos. La reforma es importantísima. La transparencia ha avanzado a nivel nacional y en ciertos estados, pero no se ha instalado por completo en todos los ámbitos de la vida pública. Hay avances pero también retrocesos. La reforma impone mínimos de transparencia en todo el país, oxigenando con ello la vida democrática de México.

En ese mismo camino se inserta la determinación de echar luz a la cueva oscura del sindicalismo mexicano. Los sindicatos, esas poderosísimas estructuras que han expropiado la voz de los trabajadores mexicanos, han sido escondites de la arbitrariedad. Para los propios miembros de la organización sindical, el proceder de sus dirigentes, el uso de los recursos comunes y el trato con el patrón ha sido un misterio. Sin necesidad de reformar ley alguna, empleando los instrumentos legales disponibles, la Secretaría del Trabajo ha iniciado la apertura de la información que posee. Sacar documentos como el padrón de afiliados, los estatutos sindicales o los contratos colectivos de trabajo del baúl de las complicidades es uno de esos cambios pequeños y discretos que desencadenan enormes y benéficas transformaciones.

Poco ruido y buenas nueces.

Bla

bla bla bla blá.