Los poderes públicos no son, en democracias, meras palancas de decisión. Deben ser acción pero también argumento. Por ello, los espacios parlamentarios no son simples fábricas de leyes: son el ámbito esencial de la deliberación. Se legisla debatiendo. Antes de promulgar es necesario ofrecer razones. No es que el poder legislativo sea un foro científico donde la verdad termina imponiéndose naturalmente como creyeron, con ingenuidad, algunos liberales. La mayoría manda. Pero aún la mayoría debe pasar la prueba del argumento. Toda norma general necesita descansar en una plataforma de racionalidad. La instrucción del líder, el favor a un grupo, el beneficio de unos cuantos no podría pasar la prueba de la discusión en público. Si la democracia encuentra justificación más allá de la aritmética es por ser un resguardo racional contra la arbitrariedad.
El congreso mexicano ha dedicado sus sesiones recientes a discutir una reforma política. Se han considerado una serie de propuestas para modificar importantes reglas constitucionales. Cambios que se insertan en una nueva etapa. Empezamos a dejar atrás el debate electoral para debatir la mecánica democrática. ¿Cómo combinar una mayor representatividad con mejor gobernación? La reforma aprobada recientemente por la Cámara de Diputados tiene elementos de mucho valor. Se modera el imperio de los partidos políticos insertando en nuestro régimen mecanismos de acción política por fuera de esas cápsulas. Podrán iniciarse leyes fuera del Congreso, podrán presentarse candidaturas sin el patrocinio de un partido político. Los grupos parlamentarios, por otra parte, no podrán seguir refrigerando iniciativas enviadas por el Ejecutivo sin siquiera presentarlas a votación. El bloqueo de las propuestas presidenciales ha sido muy barato para las oposiciones. La propuesta se archiva y nada pasa. Con la reforma reciente los partidos políticos no tienen ninguna obligación de aprobar los proyectos del Ejecutivo, pero tendrán el deber de pronunciarse públicamente sobre ellas. Si se rechaza una propuesta preferente, tendrá que hacerse mediante una votación en la que los legisladores expresen públicamente sus razones.
No se aprobaron dos medidas que concentraron la atención pública: la reelección inmediata de legisladores y la revocación del mandato. Lamento el rechazo a la primera propuesta y celebro la derrota de la segunda. La reelección habría tenido beneficios para el funcionamiento de la democracia que superarían sus costos y riesgos. Habría ayudado a la profesionalización de la legislatura, habría modificado la cadena de lealtad de los legisladores, habría flexibilizado nuestro hermético régimen de partidos. En contraste, la revocación de mandato le habría arrancado al poder la estabilidad que requiere para tomar decisiones riesgosas que son necesariamente impopulares. Habría sometido al gobierno al veleidoso imperio de la encuesta. La reelección es un dispositivo sólido de rendición de cuentas precisamente porque obedece un calendario. La confianza entre ciudadanos y representantes puede renovarse o cancelarse después de un lapso razonable. Se requiere el respeto de un término para permitir el equilibrio del juicio ciudadano y la maduración de las políticas. Colocar a los gobernantes ante el peligro de ser removidos de su cargo en cualquier momento es llamarlos al cortejo perpetuo de la opinión pública y a la abdicación definitiva del riesgo. Necesitamos una política que rinda cuentas pero también requerimos una política que asuma los peligros de la impopularidad. El riesgo del castigo debe existir para ceñir democráticamente a los gobiernos pero también debe imperar la certeza de que, si el gobierno cumple con la ley, podrá concluir la encomienda temporal. Por eso, de la misma manera que lamento la prolongación de nuestra anomalía antirreeleccionista, celebro que se haya rechazado la propuesta de instaurar aquí la revocación del mandato.
Pero mi punto no es tanto examinar el mérito o el defecto de las propuestas sino la pobreza de los argumentos para defenderlas. Ya he hablado de la miseria de las razones priistas para rechazar la reelección inmediata de legisladores. Lo mismo podría decir ahora de la falta de argumentos en el PAN para sostener de pronto el principio de revocación del mandato. Por supuesto, la idea de arrojar a la calle a un mal gobernante se arropa con la verborrea del democratismo elemental. Si el Pueblo pone, que el Pueblo quite… Entiendo que los lopezobradoristas promuevan esta idea de democracia efervescente pero, ¿los panistas? ¿De veras creen que la democracia mexicana ganaría con la colocación de una navaja en el cuello de los gobiernos? ¿Cuál es su modelo? ¿Venezuela? ¿Creen que la democracia californiana es un modelo a seguir? ¿Cuáles son las razones por las cuales de pronto defienden con entusiasmo este mecanismo inusual en las democracias establecidas? Los priistas serán la inercia pero los panistas, en su despiste, se han convertido en el arrebato.
Reformas sin sueño Chucho, secas.
Por otra parte no celebro nada tu regreso a zombi(e)landia, el conductismo de tímidas reformas trae o ha traído (a uno) más conductismo parece. Lo mejor (acaso siempre, contradictorio) es soñar... Ta chido el post Groucho Marx.
@omarsilva_a
Publicado por: O | 01/11/2011 en 02:55 a.m.
En su libro " Disiento " Castillo Peraza describe en un viaje familiar hacia Yucatán un puente en construcción dónde ninguno de sus extremos topaba con el suelo. Pensaba Castillo Peraza que era la concreción de la idea pura de un puente, un puente metafísico, " quizá el único puente-idea del Universo ". Recordaba cuántas obras públicas yacen inconclusas sobre el territorio nacional.Se preguntaba si México era algo parecido a un país de primeras piedras.
Lo anterior para adherirme a tu opinión de que la revocación de mandato tiene más riesgos que ventajas. Pero tambien para comentar que tu reflexión la percibo un poco complaciente para con el resultado de la Reforma. Mi opinión es que el resultado le abona a ese país de primeras piedras.
Alberto Ovalle
Publicado por: Alberto | 01/11/2011 en 02:20 p.m.
Qué tal que a los diputados se les exigiera estudiar durante cuando menos un año o dos antes de sentarse en su curul. Estudiar desde la Constitución y la factura de nuevas leyes o decretos hasta la capacidad para promover el acuerdo pasando por los conocimientos generales que permitan dar el salto de una visión local a una nacional y global, historia de nuestro país, jerarquización de prioridades, etc.,etc,.. Uno o dos años de preparación para ver si durante los cortos tres años (más cortos aun cuando se toman semanas enteras de vacaciones y perpetuan las eternas comidas) que trabajan, logran algo en serio. Que sean ellos quienes se pagan sus estudios, obvio.
Publicado por: Anpasalagua | 01/11/2011 en 03:09 p.m.
La kakistocracia se sabe nefanda por concreciones o desarrollo, todo modo a veces es lento al mejorarse, la democracia constitucional dura, vegetal tantos años, adorno presidencialista, con muchos istas es superable.
Publicado por: O | 04/11/2011 en 02:20 a.m.
Seguimos estando al rededor del tlatoani, del presidente, gobernador o municipe en turno. Estos se encargan de desvencijar toda actitud y aptitud de division de poderes, de poderes autonomos, de transparencia, de rendicion de cuentas, etc. Hay una inversion de los valores donde lo natural es salgan las cosas tan corruptas como deje el sistema y hay una estupida forma de ver la politica con anteojeras de la Ley de Murphy. Nos educamos para descreer en nuestro progreso y el ensayo, acierto y error.
Publicado por: curiosity | 06/11/2011 en 02:39 a.m.