No es claro que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación haya sido capaz de frenar la reforma educativa. Lo que es evidente es que ha sido capaz de imponer su ley en la Ciudad de México por tres días. Lo primero está por verse. Hay quien dice que el hecho de que no se discuta el dictamen sobre el servicio profesional docente, como se había previsto, es signo inequívoco de que el Congreso se doblegó ante la presión de la Coordinadora. Hay otros que dicen que esa reforma no se ha descarriado, simplemente se ha detenido para afianzar la amplitud de su consenso inicial y para atender críticas fundadas de los especialistas. Vale advertir que los impulsores de la reforma educativa no solamente enfrentan la presión de los maestros inconformes, sino también el deber de preservar la cohesión de la alianza política que permitió el cambio constitucional.
Está en suspenso, pues, el efecto legislativo de las movilizaciones magisteriales. De lo que no hay duda es de su impacto urbano. El Congreso pudo sesionar, pero no lo pudo hacer en su casa. Las protestas magisteriales bloquearon los accesos impidiendo que los legisladores entraran a su espacio natural. Los legisladores se refugiaron en un centro de convenciones y desde ahí sesionaron. El espectáculo es penoso: una legislatura arrimada, una representación que no puede trabajar en su domicilio y que se ve obligada a vivir en casa ajena. Si el Congreso necesita refugio es porque no hay Estado que lo proteja. Se ve obligado a instalarse en espacios que desmerecen porque no encuentra el garante de sus recintos, el defensor de sus actividades. El gobierno de la Ciudad de México falta a su obligación de asegurar el acceso a los órganos legislativos de la Federación. Al gobierno capitalino corresponde, en efecto, cuidar que el descontento no impida el cumplimiento de las responsabilidades públicas. La libertad de manifestación no implica el derecho a clausurar el Congreso, el permiso para acallar a los poderes públicos. Pero el gobierno del Distrito Federal contempló, como un espectador más, la manera en que los manifestantes cercaban al Congreso para impedir que los legisladores legislaran—o por lo menos para impedirlo que lo hicieran en casa.
Mucho mayor indignación causaron los maestros cuando, en su propósito de desquiciar a la ciudad, bloquearon el aeropuerto de la Ciudad de México. Nuevamente, los policías de la capital observaron mientras los manifestantes lograban su objetivo. Durante más de 10 horas, los maestros de la CNTE sitiaron la terminal Benito Juárez. La intervención policiaca fue incapaz de anticipar la ofensiva y garantizar el derecho de tránsito de los habitantes de la ciudad.
Encarando el repudio por su inacción, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal advirtió: hay caos pero no hubo sangre. No es fácil descifrar el lenguaje burocrático del alcalde de la Ciudad de México pero parece que eso es lo que dice al declarar lo siguiente: “Cuando tienes aquí a 20 mil personas que están en una posición donde se puede dar un enfrentamiento, la consecuencia de la contención de esas personas, puede ser lo que nadie desea, que yo reitero es el derramamiento de sangre.” Para el alcalde, el costo de la paz es el caos. Esa es la disyuntiva bárbara que nos ofrece Miguel Ángel Mancera: caos o represión. No se quejen: una ciudad caótica es mejor que una ciudad ensangrentada.
Mancera niega a sus propias fuerzas la capacidad de aplicar la ley legalmente. En sus declaraciones (y en su acción) el alcalde se confiesa persuadido de que la actuación policiaca en el Distrito Federal sería indefectiblemente abusiva en casos como éste. El alcalde cree de que una intervención de la fuerza pública inevitablemente conduciría al escalamiento del conflicto e implicaría derramamiento de sangre. Tal parece que el antiguo procurador admite que las fuerzas capitalinas carecen de la conducción, el entrenamiento, el equipo, las reglas de procedimiento necesarios para cumplir con su obligación de preservar el orden público en la ciudad. La disyuntiva que presenta Miguel Ángel Mancera para la ciudad es inaceptable: no tenemos por qué escoger entre el caos y la represión. A su gobierno le corresponde el deber de garantizar el ejercicio de los derechos también en casos de extrema tensión. Le corresponde también equiparse física, profesional y jurídicamente para actuar legítimamente, respetando los derechos. Al gobierno capitalino—y a cualquier otro—le corresponde aplicar la ley (y en ocasiones eso significa hacer uso de la fuerza pública). Es una barbaridad pensar que la aplicación de la ley implica provocar a la muerte.
Muy buena Professor.
Publicado por: FMGARZAM | 26/08/2013 en 02:59 p.m.
Un problema muy muy complejo, sin duda. Difícil opinar sin parecer o un reaccionario, clasista y superficial que todo lo quiere resolver por medio de la fuerza pública, o un palero del desorden y la ingobernabilidad.
Cierto que en el marco del Estado de Derecho el cerco al Congreso no es cosa menor. Pero vamos, los que se indignan por eso parecen olvidar que nuestros congresistas —muchos impresentables— y sus «arreglos» disfrazados de discusiones serias no valen la violencia y represión de 20 mil personas (no hay desalojo pacífico. Esto no es Suecia ni Finlandia; este es el México gobernado por el PRI). Y además, seamos sinceros: el verdadero coraje ciudadano estalló no por el cerco al Congreso, sino por el cierre de Boulevard Aeropuerto. A la ciudadanía los congresistas les inspiran casi tanto desprecio como el que a los analistas políticos les inspira la CNTE.
Lo que me extraña es que nadie en la «opinión pública» parece “ver” que el verdadero problema es la incapacidad del gobierno federal para resolver un problema... de índole federal, que no nació ayer ni se circunscribe únicamente a los bloqueos de la CNTE pero que, sin duda, se ha exacerbado por la propuesta de Reforma Educativa de ese gobierno federal. Quien debería actuar para resolver al problema de fondo es el gobierno de Peña Nieto y lo curioso es que nadie de los indignados parece querer tocar a Peña ni con el pétalo de una crítica. Todos furiosos pidiendo la cabeza de Mancera (desde “periodistas" de la calaña de Ricardo Alemán hasta gente decente) porque no le echó la fuerza pública a los maestros y nadie dice ni pío del problema de fondo. Queremos que los maestros no vengan a alterar la “paz pública” de la Ciudad de México y que, si lo hacen, de inmediato les echen a la policía y, supongo, de ser es posible los refundan donde no puedan molestarnos con su imagen tan poco moderna ni entorpecer nuestro tránsito vehicular. Nomás eso. Si el problema sigue, nos vale... mientras no bloqueen nuestras calles y ni nos afeen la ciudad. Hay un tufo tan clasista, despectivo y frívolo. Un problema añejo, agravado por el gobierno de Peña y ahora sí, que Mancera sea quien actúe y le eche la fuerza pública a los rijosos, mientras el gobierno de Peña muestra inoperancia política sin que nadie le diga nada, como si no lo notaran.
Si fuera sospechosista diría que lo que el gobierno federal busca es que esto estalle en el DF. Y seguro no faltará quien lamente que el DF no sea Toluca, pues de serlo la policía sí actuaría de manera expedita. Los herederos de Peña tienen experiencia en desalojos. Nomás recordemos su «ejemplar» operativo en Atenco. Y, claro, bien lo sabemos, lo que le hace falta a este país es más violencia y estupidez política.
Saludos.
Publicado por: Nikita | 26/08/2013 en 03:44 p.m.
Así es. El Jefe de Gobierno vive en una espiral incontrolable de crisis en crisis, sin que él mismo –o su equipo– logren contener la hemorragia de capital político. Les invito a ver mi blog: "Crisis Management for Dummies" http://ideadiscursoyaccion.com/2013/07/31/crisis-management-for-dummies-el-caso-del-gdf/
Publicado por: Luis Espino | 26/08/2013 en 05:02 p.m.
Desgraciadamente no únicamente se vive un clímax de caos en el Distrito Federal, sino en el país entero. No existe gobernabilidad, ni respeto a los derechos más elementales como ciudadanos; este es un problema que venimos padeciendo cada vez con mayor frecuencia sin que nadie haga algo coherente y eficaz que dé luz de un cambio a nuestra sociedad. Seguimos siendo presos de un puñado de cabezas sin rostro que manejan a diestra y siniestra nuestros destinos como ciudadanos.
Publicado por: Claudia Angélica Olvera Rdz | 29/08/2013 en 03:23 p.m.
Recordemos que el estado surge del egoísmo y no contra el egoísmo, el mismo estado con todas sus instituciones y todas sus democracias se vuelve tan bárbaro como el que esta en estado natural o ingobernable y mucho mas cuando ese estado nos ha dado a probar del caliz de su destrucción, cuando se han violado los derechos de muchas personas, cuando sabemos que la policía en todo el país lleva el garrote para amedrentar antes que para dialogar y en este caso en donde hay que retener una manifestación sera tan normal que por lo inflamable de la situación y el caos, se termine dando luz verde a la paliza; ese tono clasista y beligerante que se esta moviendo entre a maza es muy delicado porque vuelvo a lo mismo, en una protesta de la que el gobierno no puede dar solución, en la que se pacta en lo mas obscuro, que se actúa en tono frío y se ignora el alcance de la misma, después venir a hablar del estado de derecho, las instituciones y mas conceptos vacíos, terminan por regar el gasolinazo una vez que se sospecha la falacia y la burla.. En otros países mas progresistas se viene haciendo lo mismo, no me escuchas dentro de las instituciones ? me escucharas desde fuera !
Publicado por: Ivan B | 03/09/2013 en 11:51 p.m.